El Presupuesto y la Ley Impositiva 2019 que envió María Eugenia Vidal a la Legislatura bonaerense para trazar los lineamientos de los gastos del año que viene, trajeron la novedad anunciada: el costo del ajuste del Gobierno nacional de Mauricio Macri –exigido por el FMI– trasladado a la provincia de Buenos Aires. La “Ley de leyes” diagramada por el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, tuvo que sortear ese dilema dentro del proyecto de Presupuesto de $ 929 mil millones, e incluye –como es habitual durante la gestión Vidal– el pedido de autorización a la Legislatura para endeudarse por unos $ 65.800 millones en los mercados y $ 8.500 millones en organismos multilaterales, el costo del ajuste de Nación que la Provincia tiene que absorber ronda los 34 mil millones de pesos en concepto de subsidios al transporte, tarifas eléctricas y AySA. Todo este combo pesado produjo el malestar de Vidal con la Casa Rosada y el pedido de una compensación del Fondo del Conurbano por 19 mil millones de pesos que, si bien –bajo cierto secreto– Nación se comprometió a solucionar a fines de este año, no conocen con certeza los mecanismos de su implementación. Pero las complicaciones sobre el tablero siguieron y, en una jugada que ya generó quejas y broncas, la Gobernadora decidió trasladar a los 135 municipios bonaerenses el costo del ajuste que le transfirió a ella Macri. El mismo método.

La novedad cayó como un baldazo de agua fría para los alcaldes bonaerenses. Si bien antes de conocer el proyecto ninguno pensó que no iban a asumir el costo del ajuste, el texto de la “Ley de leyes” trajo una serie de puntos que –en la suma– alertó a los intendentes sobre un peso mayor del ajuste para las arcas municipales. En cuanto al ajuste de Macri, trasladado por Vidal a los distritos, el estruendo generado se posa sobre los $ 2.500 millones que tienen que absorber los jefes comunales por el subsidio al Trasporte (la Provincia tiene que hacerse cargo de $ 25 mil millones). Sobre este punto, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que por una serie de compensaciones impositivas, los municipios llegarán a tener cerca de $ 3 mil millones, que “saldarían” el problema del trasporte. Sin embargo, los alcaldes sostienen que el monto es “mucho más de 2.500 millones”. Pero un punto que generó revuelo son los $ 8 mil millones que Vidal pretende trasladar a los municipios en concepto de la “tarifa social” en la electricidad. El monto, sin filtro, es el mismo que transfirió Macri a la Provincia. Sobre este punto, los jefes comunales del oficialismo y la oposición pegaron el grito en el cielo y afirman que “es imposible” hacerse cargo de “tamaña responsabilidad”. Éste, sin dudas, es uno de los puntos más conflictivos, dado que Provincia giró entero el monto desligado de Nación. Según pudo saber ANDigital por fuentes de la propia Gobernación, la “tarifa social” será uno de los puntos de negociación con los intendentes del peronismo, de quienes Vidal necesita su apoyo en la Cámara de Diputados para sancionar la norma. Seguramente el monto de responsabilidad para los municipios se bajará y Provincia se hará cargo de una parte. Otro punto para negociar será el Fondo Educativo. Este año la administración bonaerense diagramó que para el Conurbano el 100 % se use para obras de infraestructura, mientras para el interior sea el 70 %. El año pasado, para el tratamiento del Presupuesto 2017, Vidal aceptó modificar el porcentaje de obras dentro del Fondo Educativo: 85 al 50 por ciento para intendentes del Conurbano, y al 40 por ciento en el caso de los del interior. Las cartas fuertes sobre la mesa.

Pero, además, en dos puntos que los intendentes sostienen que “avasallan la autonomía de los municipios”, se destaca un tope del 38 por ciento de aumento en tasas municipales, y la baja de 3 al 1,5 por ciento en los gastos de los 135 Concejos Deliberante. El tema de las tasas municipales golpea, sobre todo, a los municipios del interior que, en su mayoría –en especial los de baja población–, funcionan con la recaudación municipal. Sobre este escenario, en principio fueron varios los intendentes de Cambiemos que salieron a mostrar disconformidad por las nuevas responsabilidades que quiere delegarles Vidal. Uno de ellos, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro (la capital bonaerense y el segundo distrito más poblado de la Provincia), salió a decir que los municipios “no podían” afrontar ese costo. En general, los más preocupados sobre este ítem son todos los intendentes del área metropolitana y las grandes ciudades, quienes tienen trasporte interzonales. Sin embargo, Vidal ordenó que “no haya discrepancias públicas” en Cambiemos y mandó al titular de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, a convocar a los principales alcaldes del oficialismo para que salgan a bancar el Presupuesto 2019 de la Provincia. Es así que, tras dos encuentros, Garro tuvo que salir a decir que “los intendentes van a hacer el esfuerzo que la Provincia necesite”. Del mismo modo, Mosca se reunió con otro de los referentes de Cambiemos, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien salió a respaldar el texto. La necesidad del apoyo político de sus intendentes es fundamental para Vidal, en un tablero donde tiene que negociar con Sergio Massa y los alcaldes del peronismo para poder aprobar la “Ley de leyes”. El armado de la diplomacia.

El escenario se completa con el pedido “exclusivo” que le hizo Massa a la Vidal para apoyar la “Ley de leyes”: desdoblar las elecciones municipales de las provinciales y nacionales, idea que recientemente fue apoyada por cuatro diputados que componen el bloque Frente Amplio Justicialista. El camino recién comienza, pero lo cierto es que Vidal necesita del apoyo del massismo, pero además del peronismo, en especial del llamado “Bloque de los Intendentes” que comanda Martín Insaurralde para aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2019. En el Senado –Cámara por donde ingresó el proyecto– Cambiemos muestra los músculos con 29 legisladores, que tienen quórum propio y están a dos escaños de los dos tercios necesarios para aprobar la ley. Con el apoyo de los dos senadores del Frente Renovador, Cambiemos puede prescindir del resto de la oposición. Pero el trajín está en Diputados, donde el oficialismo tiene 44 diputados, pero necesita llegar a los 62 legisladores para los dos tercios. Con el Frente Renovador y el Frente Amplio Justicialista o el “Bloque de los Intendentes” por separado no alcanza: necesita de los tres. Como parte del la estrategia de Gobernación para negociar la “Ley del leyes”, se encuentran la designación de directores en el Banco Provincia, donde se deben renovar cuatro asientos, y también las vocalías vacantes en el Tribunal de Cuentas, que se fueron acumulando hasta llegar a los tres sillones. Son siete las sillas que el Ejecutivo bonaerense tiene para ofrecer a la oposición. Se sabe, estos lugares ofician de contención política para el espacio que la tenga y “caja”, algo que sirve para el año electoral que se viene. El objetivo de Calle 6 –desde principios de este año– es tentar al massismo y al “Bloque de los Intendentes” con estas sillas, para lograr el apoyo necesario. Pero desde la oposición ya anunciaron que las vacantes “no serán objeto de negociación”, porque consideran que esos lugares tienen que ser justamente para la oposición, dentro de los consensos políticos y la gobernabilidad normal que tiene que tener la Provincia. De todas formas, este combo de poder será parte del tablero. Pero los ojos se posan sobre los costos del ajuste. Señales más, señales menos, Insaurralde –aliado de Vidal en los dos últimos tratamientos de Presupuesto– salió a decir públicamente que el que se presentó este año “avasalla las autonomías y de las cuentas municipales” y es de “ajuste brutal”. El escenario es complejo: al ajuste que el FMI le pide a Macri, y que trasladó a Provincia, y que a su vez Vidal busca transferir a los municipios, es un punto central de este tablero que recién comienza a desarrollarse. Pero también juega el 2019, año electoral, y todas sus derivaciones para encarar una elección donde se eligen Presidente, Gobernador/a e Intendentes. Sobre este punto entra en juego también el borrador que tienen varios legisladores de Cambiemos que responden a los intendentes, que apunta a gestar un proyecto para eliminar las PASO, idea que también provocó fisuras en el oficialismo en la Legislatura. El escenario en Diputados es en el que todas las miradas y acciones serán vitales para resolver la pulseada. Por ahora, los intendentes peronistas no están ni cerca de acompañar la “Ley de leyes” de Vidal, y Massa presiona con su idea de desdoblar las elecciones. Son varios frentes, complejos, en un escenario de negociaciones que recién comienza.