Todos cumplían funciones en seguridad vial. En la causa, se había declarado como «arrepentido» un Jefe Policial que trabajó en Olavarría.
Una megacausa a través de la cual varios policías de la Bonaerense habían sido procesados y detenidos por ser considerados integrantes de una «asociación ilícita», dedicada a cobrar coimas a transportistas desde las seccionales pertenecientes al área de Seguridad Vial donde desempeñaban tareas, tiene a cuatro de los investigados ya condenados en una primera instancia.
Todos ellos -entre los cuales figura un azuleño- firmaron un juicio abreviado que se había tramitando ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 y contó con la intervención del magistrado Luis Surget
En ese proceso, tres de los funcionarios policiales fueron sentenciados a respectivas penas de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitados de manera «perpetua para ejercer cargos públicos», se menciona en lo resuelto. Y un cuarto acusado resultó condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de seis años.
Ese policía, declarado autor de los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente entre si, fue identificado por voceros judiciales como Fidel Prudencio Ovejero.
Nacido y con actual domicilio en Berazategui, tiene 37 años y era el titular del Destacamento de Seguridad Vial de la localidad de Gorchs cuando comenzó a ser investigado en esta causa de corrupción policial.
José Luis Arrubia, un azuleño de 53 años de edad, Raúl Exequiel Ferreyra –de 39 años, nacido en Verónica y con actual domicilio en la zona rural de Punta Indio, en el Partido de La Plata- y Javier Enrique Murray -que es oriundo de General Alvear, vive en Las Flores y tiene también 53 años- se llaman los efectivos que en esta primera instancia recibieron las condenas más graves.
Dichas sanciones implicaron, al igual que para el policía condenado a una pena de ejecución condicional, que también les impusieran pagos de multas por diferentes valores.
En el caso de Arrubia, que desempeñaba tareas en el Destacamento de Seguridad Vial Azul cuando resultara detenido, en el proceso abreviado fue declarado autor de los siguientes delitos: asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y admisión de dádivas que concurren realmente entre si.
Ferreyra, un oficial Subinspector de la Bonaerense que era el segundo jefe del Destacamento de Seguridad Vial que está en San Miguel del Monte cuando lo habían detenido en esta megacausa, resultó condenado por asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales que concurren realmente entre si.
En tanto, Murray ostentaba la jerarquía de Capitán de la Bonaerense -al igual que Arrubia- al momento de comenzar a ser investigado por este caso de corrupción policial y trabajaba en Vial Las Flores cuando se hizo efectiva su detención.
En el juicio abreviado donde resultó condenado, afrontó la mayor cantidad de cargos en su contra.
Los relacionados con la causa principal tratada en este proceso derivaron en que fuera declarado autor de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, exacciones ilegales y peculado de servicios que concurren realmente entre si.
Pero por otra causa penal donde también estaba procesado, además fue declarado autor de los delitos de vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser los autores miembros de la fuerza pública.
En tanto, Murray ostentaba la jerarquía de Capitán de la Bonaerense -al igual que Arrubia- al momento de comenzar a ser investigado por este caso de corrupción policial y trabajaba en Vial Las Flores cuando se hizo efectiva su detención.
En el juicio abreviado donde resultó condenado, afrontó la mayor cantidad de cargos en su contra.
Los relacionados con la causa principal tratada en este proceso derivaron en que fuera declarado autor de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, exacciones ilegales y peculado de servicios que concurren realmente entre si.
Pero por otra causa penal donde también estaba procesado, además fue declarado autor de los delitos de vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser los autores miembros de la fuerza pública.
Esa segunda investigación penal, junto con Murray, tiene a dos policías más imputados y se relaciona con un hecho sucedido el 18 de enero de 2012 en Las Flores.
En horas de la noche de aquel día, los efectivos de seguridad -se refiere en el fallo- habían agredido a un transportista domiciliado en esa vecina ciudad, previa persecución policial del camión que la víctima guiaba.
A ese chofer, cuando llegó a su casa en el rodado de carga, los policías lo bajaron violentamente de la cabina del rodado y comenzaron a atacarlo a trompadas y patadas, en la previa a que lo arrestaran. Una agresión por la que el transportista sufrió la fractura de su tabique nasal y otras lesiones, se menciona en el fallo sobre las características que había tenido aquel caso de abuso policial.
Ninguno de los tres policías condenados en esta primera instancia a las penas de efectivo cumplimiento que les fueron dictadas está preso.
Si bien Arrubia, Ferreyra y Murray -junto con más agentes aún imputados en esta megacausa- resultaron detenidos en el marco de allanamientos simultáneos que se hicieron el 10 de mayo de 2018 en diferentes destacamentos de Seguridad Vial ubicados sobre la Ruta 3 y posteriormente sus prisiones preventivas habían sido confirmadas, con el paso del tiempo fueron siendo excarcelados y estaban en libertad condicional.
Además, dadas las sanciones impuestas, ya se les dieron por cumplidas las condenas que recibieron en este juicio abreviado tramitado días atrás en uno de los tribunales orales con sede en el Palacio de Justicia de Azul.
El dato
Un comisario llamado Mario David Vivas, que también había sido jefe del Destacamento de Seguridad Vial que está en la ciudad de San Miguel del Monte, figuró imputado en esta investigación penal. Pero cuando el juez de Garantías Juan José Suárez elevó en primera instancia a juicio esta causa el 29 de septiembre de 2020, en aquel entonces se pronunció a favor de dictar su sobreseimiento.
Coimas a transportistas
A Marcelo Fernández, el fiscal a cargo de la UFI 1 con sede en los tribunales de Azul, le tocó llevar adelante esta investigación relacionada con un caso de corrupción policial. Y como representante de la Acusación, intervino también en los acuerdos con los defensores particulares de los cuatro policías para lo que fue la tramitación del juicio abreviado donde recientemente Fidel Prudencio Ovejero, José Luis Arrubia, Javier Enrique Murray y Raúl Exequiel Ferreyra resultaron condenados.
De acuerdo con lo investigado, los hechos materia de este proceso judicial sucedieron entre los meses de enero y mayo de 2018 «en el ámbito territorial de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras zonales aledañas, abarcando las rutas nacionales 3 y 226 y demás rutas y caminos tributarios de la región».
En aquel entonces los ahora condenados desempeñaban tareas en los destacamentos de Seguridad Vial que están en Las Flores, Azul, San Miguel del Monte y Gorchs. Y valiéndose de «sus vínculos laborales, de amistad o trato frecuente y con funciones propias de control del tránsito vehicular» por la Ruta 3, «integraron de manera organizada una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial, indistintamente», se describe en el fallo.
De esa manera, esos policías «se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial».
El dinero que se recibía en los destacamentos mencionados luego se repartía con los demás funcionarios policiales involucrados en estas maniobras delictivas. Y en algunos casos, el transportista damnificado por esos cobros ilegales era quien se encargaba personalmente de entregar «en cada dependencia vial una suma determinada, correspondiente a cuotas semanales o mensuales».
En el marco de ese accionar se dio por demostrado también que en algunos de los destacamentos las recaudaciones de ese dinero de procedencia ilegal las llevaban adelante los principales responsables de esas seccionales; y que en otros casos esa tarea la ejercían «oficiales subalternos» que después «rendían cuentas a los jefes del Destacamento, que admitían el accionar ilícito de sus subordinados sin realizar acto alguno tendiente a poner fin a las ilicitudes ni sancionarlos de acuerdo a la ley».
Más imputados y un «arrepentido»
Cuatro policías más todavía siguen imputados en esta megacausa. Y aún deben ser juzgados también los dos agentes involucrados, junto con Murray, en la agresión al camionero que había sucedido en la ciudad de Las Flores.
También considerados miembros de esta «asociación ilícita» que se dedicaba a cobrar coimas a transportistas figuran los siguientes funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, Julio Ezequiel Olate, Jorge Pagano y Emiliano José Sparaíno.
Jiménez Chumbita es un subcomisario oriundo de San Justo que estaba a cargo de Vial Azul para cuando comenzó a ser investigado por estos hechos.
Pagano, un comisario de La Plata, estaba a cargo del Destacamento Vial de Monte, y Olate -nacido en General Alvear y también comisario- era el jefe del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Las Flores cuando fue procesado como otro de los probables miembros de esta organización delictiva.
En tanto, el otro funcionario policial que todavía tampoco ha sido juzgado por estos hechos es el azuleño Sparaíno.
Tenía la jerarquía de Subcomisarío de la Bonaerense cuando, a pocos días de asumir al frente del Destacamento de Seguridad Vial que está en Tandil, se convirtió -ese 10 de mayo de 2018 ya mencionado- en otro de los detenidos por esta investigación penal.
Tiempo después a Sparaíno le fue otorgada la excarcelación, tras haberse presentado en esta causa como «arrepentido».
Sparaíno antes de hacerse cargo del Destacamento Vial Tandil se había desempeñado en distintos cargos en Olavarría, entre los más importantes, la titularidad de la Subcomisaría de Hinojo.
Fue la primera vez que en el ámbito de la justicia penal bonaerense se aplicó esa figura, plasmada a través de un acuerdo de colaboración en la investigación penal por parte de ese funcionario policial, el cual admitiera Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 que intervino durante lo que fue la tramitación de este sumario.
Al ser aceptado Sparaíno como «arrepentido», fue excarcelado en febrero de 2019. Pero de resultar condenado, el hecho de haberse presentado bajo la referida figura implicará que la pena que le impongan sea inferior a las de los demás policías, teniendo en cuenta esa actitud de «colaboración» demostrada en la investigación penal que todavía lo involucra.
