La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó a la gestión bonaerense que solucione el corte de servicio de transporte público para estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de General Lavalle. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Clemente suspendió el recorrido durante el Aislamiento.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó hoy nuevamente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que intervenga para resolver el corte del servicio de transporte entre los partidos de La Costa y General Lavalle, que impide que 50 adolescentes puedan asistir a su escuela secundaria desde que volvieron las clases presenciales al final del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

La APDH realizó hoy este pedido formal con un escrito presentado en Mesa de Entradas del Gobierno provincial, ante el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

El organismo de Derechos Humanos reiteró la misma petición ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno provincial. Estas presentaciones se realizaron luego de que la APDH iniciara, en el mes de agosto, pedidos formales de audiencia e intervenciones ante los mismos funcionarios y estamentos estatales, sin obtener respuesta alguna hasta el momento.

El conflicto afecta a cincuenta adolescentes que residen en el partido de La Costa y son parte de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 “General Manuel Belgrano”, ubicada en el casco urbano de la vecina localidad de General Lavalle. El servicio de transporte público, administrado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Clemente suspendió durante el ASPO el recorrido que les posibilita llegar hasta la escuela. Al volver la presencialidad y terminarse el ASPO, este recorrido no fue restablecido, dada la suspensión del subsidio municipal que daba General Lavalle y que recibía la Cooperativa, quien a su vez responsabiliza a ambos municipios por la situación.

A menos de dos meses de finalizar el ciclo lectivo, desde la Jefatura Regional 18 se ordenó la reubicación de alumnos y alumnas en otras escuelas. Sin embargo, existe gran oposición de las familias a esta medida y desde la APDH sostienen que «no es una respuesta adecuada ya que no se respeta el derecho de los adolescentes de continuar el vínculo pedagógico con la escuela de la cual forman parte».

Desde el mes de marzo de 2021 las familias vienen realizando este reclamo ante instancias municipales y fueron acompañadas por la Regional Tuyú Sur de la APDH. Ante la falta de respuesta, la APDH nacional decidió reiterar el pedido formal y extenderlo al Subsecretario de DDHH de la provincia, dado que «la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes requiere de la acción intersectorial articulada y coordinada de la totalidad de instituciones y niveles gubernamentales, así como el control de las acciones del sector privado».

Las copresidentas y el copresidente de la APDH, María Elena Naddeo, Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, coinciden en que «la suspensión del transporte supone una afectación del derecho a la educación ya que implica la restricción en el acceso a la escuela de les adolescentes, derecho contemplado en la Ley Nacional de Educación, la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas provinciales relativas a asegurar la educación de Niños, Niñas y Adolescentes».

La suspensión de este recorrido del transporte público, a su vez, limita el acceso de la comunidad a oficinas públicas como el Juzgado de Paz, ANSES y PAMI, que se encuentran ubicadas en el centro de General Lavalle.