Se registraron varias denuncias sobre miles de fichas adulteradas que fueron presentadas en el cierre de inscripciones al padrón partidario, donde se habrían manipulado bases de datos públicos. Dirigentes del oficialismo encabezado por Daniel Salvador y Maximiliano Abad en la mira de la Justicia.

El comité provincial del radicalismo bonaerense cerró el 20 de Julio el tradicional período de cierre de afiliaciones. Previamente con la firma de su presidente, el ex vicegobernador Daniel Salvador se convocó a elecciones internas para el próximo 11 de Octubre.

Esta vez Salvador no podrá postularse a la reelección porque lleva dos períodos consecutivos al mando y entonces promueve a su principal socio político, el diputado Maximiliano Abad para retener la jefatura partidaria. Tienen el respaldo de los mendocinos Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz (titular actual y anterior del comité nacional respectivamente)

La oposición propone al intendente de San Isidro, Gustavo Posse para cambiar la conducción partidaria y allí se encolumnan el senador nacional Martín Lousteau , el dirigente Federico Storani y sectores del alfonsinismo, entre otros.

Sobre el cierre se presentaron 62 mil nuevas afiliaciones a nivel provincial entre ambos sectores, cifra record y más para los últimos años. Llamativamente la Tercera Sección fue una de las más efectivas, teniendo en cuenta la escasa fortaleza institucional que le quedó a la UCR en esta región y en épocas donde los comités están cerrados por el Coronavirus y casi la totalidad de los subcomités de circuito ya no tienen sedes.

Los días posteriores fueron de repercusión dentro de las filas partidarias y en los últimos días, tres referentes del oficialismo partidario del sur del conurbano brindaron información a la Justicia. Denunciaron la maniobra donde se manipularon datos públicos para adulterar fichas de afiliación.

Indicaron que fueron extraídas unas bases de datos de varios organismos, como del Registro Nacional de las Personas, Dirección General de Escuelas, la ANSES y el patronato de liberados, según indicaron las fuentes denunciantes para beneficio del sector de Salvador y Abad.

De esa forma irregular se habrían confeccionado más de 4500 fichas en Quilmes, 4000 en La Matanza y Avellaneda, 1500 en Esteban Echeverría, 1000 en Lanús y menores cantidades en Almirante Brown, Lomas de Zamora, Berazategui, San Vicente y Berisso. Otras bases de datos de mismos organismos utilizaron para engrosar el padrón en las secciones electorales primera, cuarta y quinta.

En el total de la Tercera sección, Salvador y Abad presentaron 17 mil fichas, cifra curiosamente llamativa ya que superaba la registrada en tiempos de efervescencia en la UCR con el liderazgo del el ex presidente Raúl Alfonsín.

Un vocero judicial indicó que las fichas sin el consentimiento de los inscriptos se presentaron ante la junta electoral partidaria a fin de respaldar al sector que conduce el Comité Provincial. Por lo cual se inició una investigación por «falsedad ideológica de instrumento público» el delito previsto en el artículo 293 del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio».

En la declaración fueron mencionados varios referentes de segunda y tercera línea cuya identidad se desconoce hasta el momento. Aunque desde Tribunales se filtró que cinco de ellos fueron funcionarios provinciales.