Así lo dijo la diputada bonaerense Susana González en ración a las oscuras prácticas de la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense que investigó más de 46 mil personas.

“Esto es más grave que lo que ocurrió en la AFI -continuó González- ya que se trata de un organismo administrativo cuya función es investigar las faltas del personal policial y se dedicaron a investigar no solo a personal policial”.

González explicó que la causa abierta para investigar esta denuncia tramita ante la UFI número 15 de la ciudad de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Cortfield, y en el expediente “está comprobando que desde la auditoría de Asuntos Internos se hizo espionaje ilegal”.

En este sentido, precisó que desde ese organismo se pidieron informes de “46.800 personas de la provincia, incluyendo a jueces, intendentes, empresarios, diputados, senadores e incluso sobre Daniel Scioli”.

“Pidieron oficios a Migraciones para ver quién salía y entraba del país durante los cuatro años del gobierno de Vidal y esto está probado en la causa”, amplió la legisladora.

Sobre el avance de esta causa judicial, indicó que “los presuntos autores materiales en principio están procesados y fueron citados a indagatoria”.

En tanto, mencionó como implicados en la maniobra de presunto espionaje ilegal al “auditor general, Guillermo Berra, y su esposa, María Sardiña, que era la auditora patrimonial del organismo de Asuntos Internos”.

La diputada afirmó que “esta estructura dependía por supuesto del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de la gobernadora Vidal”.

“Pero como la relación entre Ritondo y Berra no era muy buena, Berra reportaba directamente a Vidal”, manifestó, y opinó que “tanto Berra como Sardiña son los Susana Martinengo de la provincia, y no creemos supe se corte allí el hilo de la investigación”.

González también denunció que lo que surgía de estas investigaciones paralelas “terminaba en los medios de comunicación” y, en este sentido, afirmó que “un productor y columnista de Luis Majul es el esposo de una persona que había sido designada miembro del gabinete de Berra en 2017”.

Asimismo, dijo que sufrió una situación personal cuando “en agosto de 2018 me ‘barretean’ la puerta de mi despacho en Diputados y luego, al pedir las cámaras, dijeron que hubo un corte de luz y que no se pudo filmar”.

También aseguró que estas presuntas maniobras de espionaje tenían una “pata política, una pata mediática y una pata judicial”, y en este sentido pidió que se investigue la responsabilidad de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.