Se sabe: Punta Mogotes es un mundo aparte dentro de la ciudad de Mar del Plata y el ente interjurisdiccional a cargo de la administración suele estar en el ojo de la tormenta por los negocios en torno a las concesiones. La figura de Carlos “Charly” Amud, el administrador general, hombre fuerte del Consejo de Administración, mano derecha y protegido del diputado provincial Manino Iriart, emerge como una de las figuras más polémicas de Mogotes.
Actualmente se vive una guerra fría entre Amud y la mayoría de las concesionarias que explotan los 24 balnearios por la prórroga por cinco años de las licencias, que vencen en 2020 pero que este año deberían haber sido oficializadas, luego que las empresas cumplieron con las obras pautadas en 2014 para acceder al beneficio.
El Pliego de Bases y Condiciones que actualmente norma el funcionamiento de los balnearios, data de 2002. Allí se contempló un Convenio de Obra Común Obligatoria, que era una serie de obras que los concesionarios debían realizar en el transcurso de los primeros años. En 2014, el Consejo de Administración tomó nota del faltante de varios de esos compromisos, por lo que se lo tomó como moneda de canje para negociar con los privados.
Así entonces, en 2014 se firmó el Convenio sobe Nuevo Proyecto Definitivo de Obra Común Obligatoria, por un presupuesto estimado de $12.300.000. En un plazo máximo de ejecución a noviembre de 2015, los concesionarios debían realizar obras entre las que se destacaban la Unidad de Pronta Atención UPA 8 y la puesta en valor de los espacios públicos del Complejo de Punta Mogotes, con la instalación de bancos, forestación, bacheo y realización de caminos, entre otras.
A cambio, las privadas recibirían una compensación nada envidiable. “Una vez finalizada la obra en cuestión y aprobada esta por la Administración conforme las cláusulas el presente, los Señores concesionarios serán acreedores conforme a la obra e inversión realizada, a la prórroga del plazo de concesión en cinco años, contados a partir de la finalización de los 18 periodos anuales de origen”. De esa forma, se garantizarían la explotación de los balnearios hasta 2025.
En diciembre de 2017 se conformó una comisión “ad-hoc” para realizar la valorización de la Obra Común Obligatoria, integrada por Laura Scotti, Lelis Fernández y Verónica Giovanniello, recientemente nombrada subsecretaria de Hacienda en la Municipalidad de General Pueyrredón y quien se habría ido por no avalar manejos pocos claro de la administración Amud. La misma dictamina que las obras comprometidas en el Nuevo Proyecto Definitivo de Obras Común Obligatoria habían sido realizadas.
En marzo de 2018, el Administrador General de la Administración Punta Mogotes, Carlos Amud, avaló este informe. Según consta a foja 139 en el Expediente 2336-5365/02 donde se llevan adelante las actuaciones en torno a las concesiones de los balnearios, al que tuvo acceso La Tecla Mar del Plata, “Charly” declaró “cumplidas y recepcionadas las obras comprometidas en el Convenio sobre Ejecución de Obra Común Obligatoria”. Por ello resolvió que se prorroguen “los contratos de concesión de las Unidades Fiscales Balnearias por el término e 5 años contados a partir del día siguiente al vencimiento el plazo de cada uno de los contratos de concesión”.
Sin embargo, las actuaciones nunca fueron cumplimentadas al no pasar el trámite por la Contaduría General de la Provincia, como así tampoco dar vista al Fiscal de Estado, Hernán Gómez. La voz comenzó a correr entre los concesionarios. “Lo concreto es que Charly durmió el expediente todo este tiempo, como una forma de poder maniobrar y tener en su puño a las concesionarias”, comentó una fuente que transita día a día por Mogotes a este medio.
Atentos a la falta de novedades, varios titulares de concesiones solicitaron vista del expediente en octubre. Lo mismo realizaron días después las autoridades del Consorcio, en un petitorio firmado por el presidente Leandro Sánchez, el vicepresidente Luis García (vice) y el secretario Juan Martínez.
Recién el 13 de diciembre pudieron tomar vista del expediente y ponerse al día. Con la temporada a la vuelta de la esquina, todos de preguntan que se trae entre manos Charly Amud para no dinamizar el expediente y finalmente otorga la prórroga comprometida en 2014.
Una carrera ascendente de la mano de Manino Iriart
Carlos Enrique Amud, de 38 años, comenzó a codearse con el mundo de la política mientras trabajaba como mozo en una reconocida cadena de cafeterías, por donde pasa parte de la rosca marplatense. Al poco tiempo recae en el Centro de Estudios para el Fortalecimiento a las Iniciativas Locales (CEFIL), fundado por Rodolfo Iriart en 2003.
En una carrera meteórica, Carlos Amud llegó a la administración de Punta Mogotes a fines de 2013, cuando fue designado por Gustavo Pulti en representación de la Municipalidad. En julio de 2016 escaló y mediante el decreto provincial 1.100 fue designado como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Administración. Hoy cumple el cargo de Administrador General.
Quienes lo conocen dicen que su principal capital es ser un excelente brazo ejecutor de las decisiones del diputado Iriart. “No tiene vuelo propio, no es un armador, ni se destacada por su inteligencia en términos políticos. Es simplemente un súbdito de Manino”, destacan desde el seno de Mogotes.
Una licitación parada
La licitación de los Paradores de Playa se iba a realizar el 18 de abril de este año bajo lo dispuesto en la Resolución Administrativa n°011/2018 de la Administración de Punta Mogotes, pero sobre la hora se echó atrás.
¿Qué ocurrió? En el transcurso, la Asesoría de Accesibilidad de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de la Producción indicó que el Pliego de Bases y Condiciones no cumplía “con los parámetros de accesibilidad y sustentabilidad necesarios conforme la normativa legal vigente en términos de accesibilidad y discapacidad en los ámbitos turísticos”, por lo que sugirió revisarlos antes de proseguir con el proceso licitatorio.
Gracias a esta resolución, dos días antes de la fecha pautada para la licitación, el 16 de abril, “Charly” Amud resolvió la anulación del llamado a licitación, dispuesto en el Acta N°871. Allí el Consejo de Administración se comprometió a “la modificación del Pliego”, algo que nunca ocurrió.
Al igual que con la falta de prórroga en los contratos de las UTF, el manejo de quién puede quedar o no, es una buena oportunidad para que se realicen trámites poco transparentes para la habilitación o continuidad de las concesionarias.
